El informe del grupo fue solicitado después de que la IDM construyera uno en Manantiales y otro en la zona de Pinares.
Hablando en nombre de su partido, la edila colorada Rosario Borges leyó el pasado martes en la Junta Departamental el informe de un “grupo de expertos” en temas costeros y medioambientales que se expidió sobre construcciones emprendidas, por orden de la intendencia de Maldonado, en la zona de médanos, uno en la playa de Manantiales y otros en la llamada “playa Mansa”. Asimismo, recordó que otra construcción autorizada por la IDM fue barrida por el mar, lo que dejo múltiples desechos sobre la playa de La Barra.
Borges refirió que la problemática llegó a sus oídos en diciembre de 2017 cuando, “en forma sorpresiva y sorprendente” un 29 de diciembre de 2017, vecinos de “la zona de la Playa Manantiales, a la altura de la parada 50 de la Ruta 10, se encontraron con maquinaria pesada y personal de la Intendencia Departamental de Maldonado, extrayendo arena y modificando el cordón dunar, con la intención de construir un estacionamiento para vehículos”. Según dijo, los vecinos se presentaron de inmediato ante la IDM y la Dinama, pero la obra se continuó, aunque “no contaba con la Autorización Ambiental Previa”, que se consiguió el 18 de enero de 2018. “Se habló de que se construiría un parador que después habría terminado en otro balneario”, indicó.
Tras esta situación, Borges dijo que varios “especialistas ‒muchos de ellos con maestrías en manejo costero‒ vinculados a la zona conformaron un grupo de trabajo que elaboró un informe al respecto”, al que dio lectura parcial a continuación.
Todo invadido
En ese escrito se señalaba que “en el departamento de Maldonado, el desarrollo inmobiliario y turístico ha sido tal, en especial en los últimos veinte años, que es difícil encontrar zonas relativamente grandes de dunas que no estén invadidas por casas, emprendimientos gastronómicos o especies exóticas invasoras, como la acacia o la garra de león. Sin embargo, existen en la actualidad algunas pequeñas zonas de arenales costeros que actúan como relictos de lo que fue el ecosistema original”.
“Los arenales costeros se sostienen por un delicado y complejo equilibrio ecológico y proveen a la sociedad de importantes servicios ecosistémicos: contención frente a eventos climáticos extremos; prevención de la erosión de la playa, mediante el suministro permanente de arena hacia la zona supralitoral; mantenimiento de la biodiversidad, siendo uno de los últimos refugios de especies emblemáticas del país gravemente amenazadas, como el sapito de Darwin o la araña de la arena; y dando un valor paisajístico y recreativo de una zona que se caracterizó históricamente por esa fisonomía y que atrajo turistas de todo el mundo gracias a la belleza de sus paisajes. En particular, la zona de dunas comprendida entre la playa Montoya ‒kilómetro 162‒ y la playa Bikini ‒kilómetro 163,5‒ tiene una extensión poco común en la costa del departamento, convirtiéndose en un relicto de lo que fue otrora el paisaje dominante de la costa fernandina. En esta zona han sido registradas especies de aves costeras nidificando, como el gaviotín chico y el ostrero común, y es uno de los pocos sitios del país donde aún se pueden encontrar especies exclusivas del arenal costero”, dijo el informe.
Presión indebida
No obstante, “debido a la gran presión antrópica que sufren estos ecosistemas es que se han generado numerosos estudios científicos a nivel mundial y local que destacan la importancia de su conservación y las consecuencias de la pérdida de los irreemplazables servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad. También existen registros de las consecuencias de su modificación y destrucción, como fue la pérdida total de la playa en el balneario Santa Mónica durante una tormenta en el año 2016. Otro ejemplo es la pérdida de la zona de playa debido a constantes procesos de erosión de la arena, que sucede de forma en Piriápolis, Portezuelo y Punta del Este. En varios de estos casos la Intendencia Departamental de Maldonado ha tenido que invertir onerosas sumas de dinero para volcar arena y restaurar las playas”, indicó.
“El mencionado evento climático del año 2016 es bastante ilustrativo de esta problemática, ya que durante el mismo el mar desarmó íntegramente un restaurante de madera del complejo edilicio Selenza, ubicado en Manantiales sobre la playa. Esto generó una gran cantidad de residuos ‒madera, clavos, vidrios, vajilla, entre otros innumerables objetos‒ que se llevó el mar y luego devolvió a la arena, contaminando no solo la zona utilizada por turistas, sino también, el fondo del mar. Hasta el día de hoy se siguen encontrando en la playa objetos que provienen de ese episodio”, refirió el escrito.
Asimismo, recordó que “en Uruguay existe desde 1979 el Código de Aguas” que en su artículo 153 establece “una faja de defensa en la ribera del océano Atlántico, el Río de la Plata, río Uruguay y de la Laguna Merín, para evitar modificaciones perjudiciales a su configuración y estructura. El ancho de esta faja será de 250 metros, medidos hacia el interior del territorio a partir del límite superior de la ribera, establecido en los artículos 36 y 37 de este código”.
Finalmente, luego de formular otras precisiones, el grupo de expertos concluyó que “los estacionamientos fueron construidos en una zona prioritaria para la conservación” y dijo que no hubo “una demanda clara ni justificada para realizar los estacionamientos en esos puntos. El informe presentado para solicitar la Autorización Ambiental Previa basa sus conclusiones en información errónea e imprecisa. Se identificaron impactos significativos en el medio durante la ejecución de la obra en Manantiales y se prevé que continúen o incrementen en su fase de operación. El proyecto no debería haber sido clasificado con la categoría `A´. Se comenzaron a ejecutar las obras sin contar con la resolución ministerial habilitante”.
Modelo “obsoleto”
El grupo aclaró que no se oponía al “desarrollo del departamento, pero queremos que ese desarrollo sea sostenible y racional ya que los recursos costeros pertenecen a toda la comunidad y no a los administradores de turno, por lo tanto, se debe hacer un uso responsable pensando en las futuras generaciones. La construcción de estos estacionamientos representa la continuación de un modelo de desarrollo obsoleto que ignora las dinámicas naturales de los ecosistemas, los paisajes originarios que le dan identidad al departamento y que son cada vez menos, así como la conservación biológica en su totalidad y cuyas consecuencias a futuro son: 1) La destrucción de ecosistemas que proveen numerosos servicios ecosistémicos, lo cual tiene implícita la pérdida de biodiversidad y estabilidad ecosistémica. 2) Grandes inversiones innecesarias para restauración de playas e infraestructura. 3) La no sostenibilidad de una de las principales fuentes de recursos del departamento” ‒y yo diría del país‒”, concluyó el escrito.
La edila solicitó enviar la exposición a diversas instituciones, incluyendo al “actual Presidente de la República, que ya anunció la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y también de medidas y estudios a realizarse para la conservación del mismo; tenemos la esperanza de que esto se pueda revertir a nivel departamental”, dijo Rosario Borges.
